La Policía Local se ve obligada a asistir a la sesión plenaria para exigir a su corporación que cumpla con la legislación y de solución a los problemas persistentes que afectan tanto a las nóminas como a los medios técnicos y personales de la plantilla
La corporación no sabe explicar el contenido de cada uno de los conceptos que componen la nómina de estos funcionarios de carrera, siendo el origen de las cuantías y su resultado final un misterio, ya que no coinciden con lo recogido en los acuerdos firmados en 2003 y 2007. Los intentos de alcanzar un acuerdo con los regidores locales aboca a sus policías a la vía judicial ante la incapacidad negociadora y de resolución de conflictos. La situación actual es de desánimo generalizado en la plantilla policial y supondrá un perjuicio económico para las arcas públicas.
A finales del año pasado los representes sindicales solicitaron al actual equipo de gobierno la realización de un estudio de la nómina de los funcionarios, ya que se habían observados anomalías que habían observadas por parte de los representantes sindicales así como por asesores jurídicos externos. Tras más de un año de espera, el estudio aún no se ha realizado.
Los hechos se remontan al año 2003, cuando se firma un acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario que recogen aspectos económicos, sociales y laborales, y complementado con posterioridad por otro acuerdo en el año 2007.
Dicho acuerdo, además de ser incumplido en la actualidad en su aspecto económico tiene como consecuencias el incumplimiento de los derechos laborales ocasionando un grave perjuicio en la conciliación de la vida familiar y laboral, especialmente por no poder disfrutar de sus licencias y permisos cuando son necesarios.
Por otro lado, y coincidiendo con la problemática ya generalizada en numerosos municipios sevillanos, la plantilla incumple la normativa europea que marca un ratio de dos agentes por cada mil habitantes, siendo en la actualidad la mitad de lo que debiera.
La ausencia de nuevas convocatorias y ofertas públicas de empleo desde el año 2009, principalmente motivado por la amortización de plazas de agentes de policía en sus distintas categorías profesionales y no sacar nuevas plazas vacantes, a pesar de la oposición de la plantilla, es el motivo de la insuficiencia de agentes que atienden la seguridad del municipio y el menoscabo en la prestación de servicios.
Todas estas circunstancias provocan que los agentes se vean abocados, ante las imposibilidades negociadoras, a emplear las medidas judiciales a su alcance.
