La coalición sindical formada por el Sindicato de Empleados Municipales (SEM), SPPME-A y SAB, mayoritaria en el Ayuntamiento de Sevilla, ha tomado la iniciativa en la defensa del derecho a la jubilación parcial de los empleados públicos y ha presentado propuestas de enmienda a los distintos grupos parlamentarios.
Las propuestas pretenden mejorar el texto del Proyecto de Ley procedente de la convalidación del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, sobre medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas. El Real Decreto-ley fue convalidado por el Congreso en julio de 2026. BOE
Tras trasladar sus propuestas a los grupos parlamentarios, la coalición sindical ha recibido invitaciones del Partido Popular y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para mantener reuniones de trabajo en las que analizar, estudiar y valorar el contenido de las enmiendas planteadas.
Para la coalición sindical, este interés supone un paso significativo para trasladar al ámbito parlamentario las reivindicaciones de los empleados públicos y contribuir a mejorar el texto legislativo que debe regular el acceso a la jubilación parcial.
La reforma actualmente en tramitación pretende facilitar el acceso a la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas, estableciendo mecanismos para hacer posible el correspondiente relevo generacional.
El Real Decreto-ley 19/2026 establece un sistema específico para el personal laboral de las Administraciones Públicas y contempla, entre otras medidas, mecanismos transitorios para vincular determinadas jubilaciones parciales a contratos de personal laboral fijo ya formalizados. BOE
Sin embargo, las propuestas elaboradas por la coalición sindical consideran necesario ampliar y mejorar este marco, especialmente para evitar que las limitaciones administrativas, presupuestarias o relacionadas con la tasa de reposición terminen haciendo imposible el ejercicio efectivo del derecho.
El documento elaborado por SEM, SPPME-A y SAB señala que el texto actual excluye al personal funcionario y deja sin resolver diferentes problemas que afectan a las Administraciones Públicas, especialmente a las entidades locales.
Una de las principales propuestas planteadas consiste en extender el derecho a la jubilación parcial al personal funcionario de carrera y estatutario.
La coalición propone modificar el artículo 67 del Estatuto Básico del Empleado Público para incorporar expresamente la jubilación parcial entre las modalidades de jubilación de los funcionarios.
La propuesta plantea que el personal funcionario de carrera y estatutario tenga derecho a acceder a esta modalidad en condiciones equiparables a las establecidas con carácter general, dejando para un posterior desarrollo reglamentario la adaptación de las particularidades procedimentales, de cotización, provisión de puestos y relevo.
Otro de los principales problemas identificados es la tasa de reposición de efectivos, que puede dificultar la contratación o nombramiento del personal necesario para hacer efectivo el relevo.
Por ello, la coalición propone que las plazas estrictamente necesarias para materializar los contratos o nombramientos de relevo vinculados a la jubilación parcial no computen dentro de la tasa de reposición ordinaria.
La propuesta contempla una tasa adicional y específica de reposición que pueda incorporarse directamente a las correspondientes ofertas de empleo público, sin necesidad de autorizaciones adicionales de otras Administraciones.
El objetivo es facilitar que las Administraciones Locales puedan organizar sus plantillas y garantizar el relevo generacional sin que la tasa de reposición se convierta en un obstáculo para el ejercicio de la jubilación parcial.
La coalición sindical incluye igualmente una propuesta para revisar las situaciones de empleados públicos que, habiendo cumplido los requisitos para acceder a la jubilación parcial desde el 1 de abril de 2025, no pudieron hacerlo por la imposibilidad de sus Administraciones de formalizar el correspondiente relevo.
La propuesta plantea que estas personas puedan solicitar la revisión administrativa de sus expedientes y que, cuando corresponda, se reconozcan efectos administrativos desde el momento en que solicitaron inicialmente la jubilación y acreditaron los requisitos.
Otro de los aspectos abordados es el impacto económico que puede tener la jubilación parcial en los ayuntamientos, especialmente en aquellos con menor capacidad financiera.
La contratación del personal relevista puede generar temporalmente una duplicidad de costes salariales, por lo que la coalición propone que el Estado articule mecanismos de financiación que permitan a las entidades locales afrontar este sobrecoste.
Las propuestas incluyen además medidas relacionadas con el desarrollo reglamentario, la ampliación del periodo transitorio para utilizar trabajadores fijos ya incorporados a las plantillas y la clarificación de los denominados “instrumentos similares o equivalentes” a las ofertas de empleo público.
En definitiva, la coalición sindical considera necesario que la futura regulación permita hacer efectivo el derecho a la jubilación parcial y facilite el relevo generacional en las Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito local.
Desde SPPME-A Andalucía valoramos positivamente que estas propuestas hayan llegado al ámbito parlamentario y que diferentes grupos hayan mostrado interés en analizarlas.
La defensa de los derechos de los empleados públicos también pasa por garantizar una salida ordenada de la vida laboral, un relevo generacional efectivo y unas Administraciones Públicas preparadas para afrontar el futuro.
La coalición sindical SEM, SPPME-A y SAB continuará trabajando para que las propuestas sean tenidas en cuenta durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
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