Con la Semana Santa ya en marcha en Arcos de la Frontera, la situación de la Policía Local alcanza un punto crítico: falta de efectivos y vulneración directa de derechos laborales.
En el momento de mayor exigencia, el Ayuntamiento y la jefatura han impuesto horas extraordinarias obligatorias, forzando a los agentes a trabajar más allá de lo legalmente establecido. No ha habido negociación ni consenso, solo imposición pese a las advertencias.
Este proceder vulnera un principio básico: cualquier cambio de jornada debe tratarse en mesa de negociación, sin que existe documento alguno que lo acredite.
Sin embargo, el delegado de Seguridad Ciudadana, Oliver Verhoeven, y desde la jefatura han ignorado este requisito, actuando sin respaldo legal ni acuerdo sindical alguno. En democracia, la voluntariedad no se impone.
A ello se suma la negativa a reunirse con el Sindicato, bloqueando cualquier diálogo sobre un acuerdo que se planteó al inicio de legislatura y que hoy sigue sin existir.
Todo ocurre en un contexto ya advertido hace un año: falta de efectivos, jubilaciones sin relevo y riesgo de colapso. La realidad actual lo confirma: no se han convocado plazas ni se han celebrado oposiciones, pese a lo anunciado.
La consecuencia es clara: menos agentes y una gestión basada en la imposición. La Semana Santa solo ha evidenciado un problema estructural. Los hechos no admiten interpretación: no hay refuerzos, no hay negociación y sí hay imposición. Y lo más grave aún está por llegar: el verano hará imposible ocultar la falta de agentes, evidenciando definitivamente el fracaso de esta gestión.
Este Sindicato no denuncia los hechos por voluntad o conveniencia, sino por la necesidad de poner de manifiesto una realidad totalmente objetiva.
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